Chile continúa ardiendo y el Gobierno no encuentra cómo sofocar las llamas

La ausencia de acciones que satisfagan las demandas sociales mantiene a los chilenos en pie de lucha por quinta semana consecutiva. Piñera trabaja en cinco puntos para aliviar la crisis, pero su enfoque institucional lo aísla cada vez más de los ciudadanos.



Santiago de Chile.,03 de Diciembre.-“Nuestro país es un verdadero oasis en medio de una América Latina convulsionada”, presagiaba un inocente Sebastián Piñera poco antes del estallido social del 18 de octubre. "Prefiero este Chile despierto a un oasis pasivo y tranquilo", respondió este 26 de noviembre el arquitecto chileno, Miguel Delso, de 32 años, que asistió al llamado de paro nacional convocado por la mesa de Unidad Social que reúne a la mayoría de sindicatos y organizaciones sociales más importantes del país que le reclaman a Piñera un mayor compromiso ante sus demandas.  

“La percepción general que tiene la gente hoy es que estas movilizaciones no pararán por un tiempo, aunque la violencia ha bajado su nivel. No se ve voluntad del Gobierno por avanzar en una agenda social que responda a las demandas del movimiento. Más bien denota un interés en una agenda de seguridad”, dijo en diálogo con France 24, Pablo Fredes, licenciado en estudios internacionales de la Universidad de Santiago, que vive a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda y ha sido testigo de primera mano del descontento de la ciudadanía.
Asediado por una crisis que puso a su Gobierno contra las cuerdas, Piñera trazó una agenda de cinco puntos para frenarla. El primero está relacionado con la agenda social, el tema que ha animado las movilizaciones y que representa los mayores desafíos para el gobierno: el aumento de las pensiones y el salario mínimo, el acceso a medicamentos más económicos y una mejora en el sector de la salud y la educación para mitigar la desigualdad.

El segundo tiene que ver con la petición para redactar una nueva constitución. El tercero, con la disminución del salario de los parlamentarios y la baja de los altos ingresos de los funcionarios del sector público en general. La cuarta es el fortalecimiento del orden público, la paz ciudadana y la paz social. Y el quinto, propulsar la economía.

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