Las detenciones de Abarca y su esposa Marìa de los Angeles Pineda Villa son distractores del Estado Mexicano: Red de Derechos Humanos


Por Estefanìa Arcos
Chilpancingo.-La detención del ex –alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa quien fungía como presidenta del DIF-Municipal, es un distractor, porque el Estado Mexicano no ignora la existencia de grupos delincuenciales ni las zonas de operatividad, debido a que tiene un control de ellos, lo cual descartar que el gobierno no sepa donde están los 43 normalista de Ayotzinapa desaparecidos, desde hace 40 días.
Lo anterior fue afirmado por el dirigente de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, quien detalló que el Estado Mexicano a través de sus grupos de inteligencia, lleva un control del crimen organizado y el lugar donde realizan sus actividades, lo cual delata al gobierno en la falsa búsqueda de los estudiantes desaparecidos en la ciudad de Igual de la Independencia, tras la agresión que sufrieron por policías municipales ligados con la delincuencia que dejo tres muertos de esta misma institución educativa.
´´Ellos tienen un archivo de los diferentes grupos de la delincuencia organizada, así como de los movimientos sociales y de los dirigentes, por eso la detención de los responsables de los hechos lamentables ocurridos en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, es sólo un distractor, para darle largas al asunto, para aplicar lo que para ellos es el Estado de Derecho, en este caso con pleno apego a los derechos humanos, por eso ellos piensan que las declaraciones que hagan los detenidos tienen que ser respetados, a diferencia de cuando detienen a un luchador social que lo obligan bajo tortura a hacer confesiones o a responsabilizarse hasta de lo que no ha hecho para fincarle responsabilidades.
Reconoció que durante los primeros días de la desaparición de los jóvenes, los padres de ellos pensaban que con la detención de Abarca Velázquez y Pineda Villa se podría conocer el paradero de sus hijos, hipótesis que poco a poco se ha ido desdibujando y más aun cuando el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús murillo informo en su oportunidad que los detenidos se declararon inocentes, denotando con ello que no habrá más información sobre la indagatoria de esta desaparición forzada y grupal que pretenden enviarla al archivo como parte de la historia del país.
Sostuvo que esta actitud del gobierno federal y estatal tiene como objetivo tener un control de daños, porque el hecho de que sean 43 desaparecidos de una misma institución y que pudieran aparecer vivos o muertos, traería consecuencias impredecibles, porque a nivel nacional e internacional existe una creciente inconformidad que está logrando una una mejor coordinación de todos los movimientos sociales que han unido su vos para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo Olivares Hernández puntualizó que la amplia organización de los sectores de la sociedad, es preocupante para el gobierno a quien le interesa cuidar el futuro de los institutos políticos y de las figuras que participaran como candidatos en el próximo proceso electoral, sobre todo quienes abanderaran al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Confió en que al estructurarse el Movimiento Social Nacional, a través del cual se coordinaran varias acciones, el Estado Mexicano se verá obligado a responder con seriedad a la exigencia generalizada de la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala, durante la noche del día 26 y la madrugada del día 27 de Septiembre pasado, considerando que sería lamentable que el gobierno después de procesar legalmente a los responsables del caso Iguala y no tener más explicaciones, tome venganza en contra de las víctimas y solidarios que piden justicia y el regreso con vida de los muchachos.
Subrayó que esto sería el peor escenario que en determinado momento montaría el gobierno, porque los afectados y ciudadanos solidarios pasarían a ser responsables o culpables de lo que el mismo gobierno está originando, después de que tanto el estado como la federación han incurrido en el delito de omisión, en razón a que ninguno de ellos ignora la existencia de grupos delincuenciales y las zonas que dominan al tener el control de ellos a través de sus servicios de inteligencia, por lo tanto descartó el hecho que el gobierno no sepa donde están los alumnos desaparecidos.

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